El Estado español tiene una de las normativas más restrictivas respecto a la protección de datos. De hecho, existe un corriente de opinión que considera que la legislación europea puede llegar a perjudicar el crecimiento económico de la red debido a sus esfuerzos para regularla. Esto podría dejar en una situación de desventaja competitiva a las empresas europeas frente a las de otros mercados más dinámicos, como las norteamericanas. Por este motivo, la Ley de Protección de Datos (LORTAD) ha sido criticada por limitar las posibilidades que las empresas tienen para poder hacer márketing directo.
Ahora bien, es evidente que los ciudadanos tienen derecho a la privacidad de sus datos: el comercio electrónico y el intercambio telemático de información requieren una regulación. Por este motivo la ley obliga a las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, a salvaguardar la privacidad de las personas. Las empresas que tienen ficheros, automatizados o manuales, de datos personales los deben registrar en la Agencia de Protección de Datos (APD) y deben cumplir unas medidas de seguridad para preservar la confidecialidad de los mismos.
La normativa aplicable a la protección de datos de carácter personal está compuesta por:
1. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
2. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre).
3. El Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros autorizados que contengan datos de carácter personal.
La normativa sobre protección de datos de carácter personal determina tres niveles de seguridad (básico, medio y alto), según el tipo de información tratada:
1. Básico: El básico es aplicable a los ficheros con nombres, direcciones y teléfonos. El plazo para establecer estas medidas de seguridad era hasta el 26 de marzo de 2000. Este plazo ha sido ampliado por una disposición del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2000. El nuevo plazo no es preclusivo ya que se podrá proteger los ficheros con posterioridad a las fechas fijadas, salvo que la Agencia de Protección de Datos inicie un expediente de inspección de datos.
2. Medio: El medio es aplicable a los ficheros que contienen datos sobre infracciones administrativas o penales, hacienda pública o datos de entidades financieras, y cuando contengan datos de carácter personal suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo. Por ejemplo: ficheros de hábitos de compra o viajes. El plazo para establecer estas medidas es hasta el 26 de junio de 2000.
3. Alto: El nivel de protección más alto es para los ficheros que contienen información sobre ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, así como los que tengan datos recogidos con finalidades policiales sin el consentimiento de las personas afectadas. En este nivel se incluyen, por ejemplo, los ficheros con historiales sanitarios o académicos. El plazo para establecer estas medidas de seguridad es el 26 de junio de 2001.
Las sanciones previstas en España en caso de incumplimiento oscilan entre las cien mil pesetas y los cien millones de pesetas. Son las sanciones con cuantías más elevadas de toda la Unión Europea.
© Dimensis Global Communications
Autor: Francesc Domínguez, para Univers Dimensis
Se conserva el mes de publicación, julio de 2000. El día es aproximado. Consultar la edición histórica en Wayback Machine